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Foro Comunitario pide esfuerzos unificados para proteger a los residentes de Oakland

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Los miembros de la comunidad llenaron las salas del Ayuntamiento de Oakland el miércoles por la noche para un foro liderado por un panel de líderes de la comunidad para discutir lo que se puede hacer para detener la ola de desplazamiento que está empujando a los residentes de largo plazo fuera de la ciudad y que ha estado en la estela del incendio en Ghost Ship. 

 

“Estamos aquí para hacer recomendaciones y proponer soluciones. No es suficiente sólo señalar con los dedos y culpar”, dijo el editor del Post Paul Cobb, quien ayudó a organizar la reunión de la comunidad, que reunió a inquilinos de bajos ingresos, artistas y residentes de espacios de almacén, activistas de derechos de vivienda y personas sin hogar.

 

Rebecca Kaplan, miembro del Concejo, recibió y moderó la reunión para la comunidad. Otros miembros del consejo que asistieron fueron Noel Gallo y Dan Kalb.

 

El orador principal fue el Obispo Bob Jackson de Acts Full Gospel C.O.G.I.C. quien ha reunido fondos para construir viviendas en East Oakland para residentes de bajos ingresos.

 

“Realmente aflige mi espíritu que tantas personas de bajos ingresos no puedan vivir en la ciudad”, dijo el obispo Jackson, pidiendo a las organizaciones basadas en la fe que se acerquen a construir viviendas que sean realmente asequibles para los Oaklanders.

 

“Hay 3,000 propiedades vacantes en la ciudad, y la Ciudad de Oakland es propietaria de la mayoría”, dijo “Podemos tomar los terrenos baldíos y construir sobre ellos. Podemos renovar esas casas (abandonadas).

 

El Pastor Ken Chambers de la Iglesia Bautista Misionera Westside habló de la necesidad de trabajos con salarios para vivir para los desempleados y los sin hogar en la ciudad, muchos de los cuales son afroamericanos.

 

“En West Oakland se ven ciudades de tiendas para acampar. Estamos empezando a sentirnos cómodos viendo carpas en esta ciudad”, dijo el Pastor Chambers.

 

La ciudad sigue haciendo tratos con los desarrolladores para que puedan obtener grandes ganancias, dijo. “(Pero) todo lo que construimos en esta ciudad debería (incluir) puestos de trabajo y capacitación laboral”.

 

“Necesitamos tener diversidad cultural en la ciudad y en los sitios de construcción y edificios de comercio”.

 

Varios oradores explicaron que no sólo los residentes de Oakland están siendo afectados. Los propietarios y los desarrolladores están aumentando los alquileres y presionando a las agencias sin fines de lucro que sirven a Oaklanders de bajos ingresos.

 

Jonah Strauss de Oakland Warehouse Coalition presentó una propuesta de cinco páginas para una ordenanza de emergencia de protección a inquilinos, la cual será presentada al Ayuntamiento el 17 de enero.

 

La coalición de almacenes, formada después del incendio en Ghost Ship, aboga por “personas de bajos ingresos que viven o trabajan en espacios comerciales e industriales convertidos”, según la propuesta escrita.

 

“Nuestro objetivo es evitar el desplazamiento, así como hacer estas propiedades más seguras”.

 

Las demandas inmediatas de la coalición del almacén incluyen:

 

Extender las protecciones de los inquilinos a todos los residentes, independientemente de la zonificación;

 

“Cese de todos los Avisos para Desocupar, “etiquetas rojas”, para violaciones de código que no amenazan la vida y desalojos;”

 

Cese de las inspecciones rápidas de las propiedades, a menos que haya pruebas de una condición que ponga en peligro su vida;

 

Prohibir el uso de quejas anónimas de violación de código como acoso y como un medio para eliminar inquilinos.

 

La concejal Kaplan subrayó la necesidad de impedir que los inspectores de la ciudad contribuyan a la crisis de desplazamiento.

 

“No hay ninguna razón por la que no podamos luchar por la seguridad contra incendios y por viviendas asequibles”, dijo.

 

“No podemos aceptar que la única solución sea que vayamos a desplazar a todos. Tenemos que tener una estrategia que se centre en la mejora de seguridad necesaria, protegiendo a los inquilinos”.

 

Cheri Murphy presentó algunas de las propuestas respaldadas por la Oakland Justice Coalition:

 

Promulgar y hacer cumplir la ordenanza de protección del inquilino de la Medida JJ recién aprobada;

 

Aumentar el número de itinerarios asequibles de propiedad de vivienda;

 

Aumentar el financiamiento para los fideicomisos de tierras comunitarias. Esto incluye aumentar los impuestos sobre el desarrollo y las ventas de bienes raíces, usar todos los bienes excedentes propiedad de la ciudad para viviendas asequibles y dirigir las inversiones de la ciudad para crear nuevas unidades de vivienda asequible;

 

Desarrollar relaciones con los miembros de la comunidad más afectados por la inequidad en la vivienda, incluyendo vecinos afroamericanos y latinos, maestros, personas sin hogar, artistas y otros que típicamente son empujados a un lado.

 

James Vann, de la Asamblea de la Comunidad de Oakland Post, pidió a la ciudad que apruebe las ordenanzas de protección de inquilinos que el personal de la ciudad prometió hace seis meses para trabajar en implementarlas.

 

La propuesta incluye la exigencia de un proceso de mediación obligatorio en los casos en que los propietarios quieren desalojar a los inquilinos por otros problemas que no sean el pago del alquiler. Alrededor de 12,000 inquilinos fueron desalojados el año pasado en Oakland.

 

Vann también dijo que la ciudad debe modificar la definición de vivienda asequible. En la actualidad, dijo, la abrumadora mayoría de los residentes de Oakland no pueden pagar los espacios que se definen como asequibles por la ciudad.

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Alameda County Supervisor Miley to Propose Illegal Dumping Ordinance

POST NEWS GROUP — The proposed ordinance would add Chapter 6.121 to the County’s General Ordinance Code, establishing an administrative enforcement process that would allow the County to hold more parties accountable without relying solely on criminal prosecution.

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At an unincorporated area cleanup in 2022, 10 tons of illegal dumping removed. Courtesy photo.

Proposal expands accountability, establishes administrative penalties, and ties fines to cleanup costs

On Tuesday, Nov. 17, the Alameda County Board of Supervisors is scheduled to consider the first reading of an ordinance proposed by Supervisor Nate Miley to strengthen enforcement against illegal dumping in unincorporated Alameda County, including Ashland, Cherryland, Castro Valley, San Lorenzo and Fairview.

Illegal dumping places a significant financial burden on residents and taxpayers. In 2024, Alameda County spent $3.8 million addressing 1,483 illegal dumping incidents, an average of approximately $2,562 per incident. Yet no illegal dumping cases from the unincorporated county were charged that year.

The proposed ordinance would add Chapter 6.121 to the County’s General Ordinance Code, establishing an administrative enforcement process that would allow the County to hold more parties accountable without relying solely on criminal prosecution.

Key provisions include:

  • Expanded accountability: Penalties could apply to individuals who dump waste, those who provide waste to unlicensed haulers who illegally dispose of it, and vehicle owners who knowingly consent to their vehicles being used for illegal dumping.
  • Administrative enforcement: Authorized County personnel could issue penalties and abatement orders, with opportunities for administrative hearings and judicial review.
  • Penalties tied to cleanup costs: Fines would start at $2,500 for a first violation, increase to $5,000 for a second and $10,000 for a third. Enhanced penalties of up to $10,000 per violation could apply to large-scale dumping, hazardous waste, or dumping near sensitive locations such as creeks, schools and storm drains.

The ordinance includes safeguards for people acting in good faith. Residents and businesses using licensed haulers would be exempt from waste-generator liability, while vehicle owners whose vehicles were used without their consent and property owners unaware of dumping on their land would also be protected.

Cited individuals could request community service in lieu of penalties, with ability to pay among the factors considered. The proposal would also allow property owners, business improvement districts and community groups to pursue recovery of cleanup costs and authorize the Board to establish a reward fund for tips identifying illegal dumpers.

“Every mattress and every truckload of construction debris dumped in Ashland, Cherryland and Castro Valley gets paid for by the people who live there, and right now the people responsible almost never face a consequence,” Miley said. “This ordinance closes the loopholes that let people hand off their waste and walk away. It gives the County a fair and swift way to hold dumpers accountable, protects people who do the right thing, and makes the penalty match what it costs us to clean up after them.”

Modeled on Santa Cruz County’s illegal dumping ordinance, which took effect in July 2025, the proposal was recommended for approval by the Board’s Unincorporated Services Committee.

Miley is also urging cities and counties throughout the region to adopt similar standards. His office has released a Model Illegal Dumping Enforcement Ordinance developed through the Alameda County Illegal Dumping (ACID) Task Force to support coordinated regional enforcement.

If the Board conducts the first reading on Nov. 17, the ordinance will return for adoption at a subsequent meeting and take effect 30 days after adoption.

Paul Sanftner is the director of communications and special projects for the office of Alameda County Supervisor Nate Miley.

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